En el año 2009, el Vaticano nombró al arzobispo de Oviedo Comisario Pontificio y Superior de la asociación Lumet Dei. Hoy día, monseñor Sanz es el máximo propietario inmobiliario de Asturias, y ha conseguido hacerser poco más de 12 millones y medio de euros a través de negocios poco éticos, que incluyen el desalojo de monjas de un inmueble en Madrid para convertirlo en pisos de lujo.
Sus hermanas de profesión se verán de patitas en la calle tras el posible desahucio por la venta que concretó arzobispo del edificio en el que viven. En Barcelona también se encuentran en un proceso de desahucio que se inició aproximadamente hace unos cinco años. Se ha dictado ya una sentencia de desahucio y están a las puertas del desalojo, es decir, si un juez no lo evita la medida, las misioneras y las personas que viven ahí acogidas por las hermanas, porque no tienen donde vivir, pueden acabar en la calle.
Así mismo, Sanz bloqueó las cuentas bancarias de la asociación, cuentas bancarias que estaban nutridas con dinero de donaciones de las hermanas o incluso de personas afines a la asociación que habían dado dinero para un fin concreto.
La abogada Eva Alcalde, quien lleva las causas contra el arzobispo de Oviedo, explica que «al margen de tomar el control y bloquear las cuentas, lo que hicieron (Lumet Dei) fue vender los bienes inmuebles de la asociación. No todos, los más emblemáticos, pero bienes que eran muy importantes y dejaron de pagar y de atender gastos».
«Desde el momento en que ellos procedieron a tomar el control de la asociación no dieron ningún tipo de información sobre ni la gestión que hacían con el dinero, ni mucho menos que iban a proceder a la venta de los inmuebles y, por lo tanto, tampoco les ofrecieron ningún tipo de alternativa».
Aunque el nombramiento de monseñor Sanz como Comisario fuese válido no estaría habilitado para vender patrimonio o intervenir las cuentas donde está el dinero de las hermanas. El arzobispo, respecto a los edificios que ha vendido de la asociación religiosa, ha conseguido hacerse con algo más de 12,5 millones de euros, un dinero que nadie sabe dónde está ni a qué se ha destinado.
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