La magnitud de la mal llamada «Caja B de Podemos» ha cogido una dimensión que los grandes medios han fabricado. En este artículo descubriremos las claves para crear este entramado en el que su único fin es sacar a Unidas Podemos del gobierno. Para comenzar el juez descarta infracciones como financiación ilegal y blanqueo de capitales, sin embargo se centra en algunos dirigentes y empleados de la formación. Iremos por partes.
¿Qué investiga realmente el juez? Presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de administración desleal.
¿Qué es, o qué hechos son los que el juez tiene algún tipo de sospecha? La respuesta es simple, cómo y en qué consistieron las obras de Podemos. El caso pretende supuestamente aclara si algunos dirigentes de Podemos cobraron sueldos camuflados como gastos de desplazamientos sobre sus nóminas oficiales.
¿Ha sido investigado antes Podemos por algo similar?
Si, en un informe que el tribunal de cuentas detectó unos gastos cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral. Esto no supone NINGUNA INFRACCIÓN, sino que Podemos debería asumir el coste con sus propios recursos.
¿Por qué el empeño de hablar de «Caja B»? Una «Caja B» es un fondo opaco que se nutre de dinero sucio, normalmente procedente de comisiones a cambio de adjudicaciones que realizan instituciones controladas por el partido del que se trate. Por ello en interesado por los medios conservadores que equipare la «Caja B» del Partido Popular totalmente putrefacta con esto que no tiene nada que ver. Aquí el juez investiga como algunos dirigentes y empleados de Podemos han gastado una parte del dinero que esta formación ingresa legalmente,Y SOBRE CUYO ORIGEN NO HAY NINGUNA SOSPECHA EN LA CAUSA.
Entonces, ¿dónde está la financiación ilegal? Sencillamente, NO LA HAY.
¿Quiénes son los empleados de Podemos que están siendo investigados? Juanma Olmo, responsable de Comunicación de Podemos; a la gerente, Rocío Val; al tesorero, Daniel Frutos, y a Andrea Deodato, administrativa del departamento de Compras. También han sido llamados para esa fecha E.C.H. y E.L.H., dos de los responsables de Neurona.
¿Podemos qué tiene que ver con esta causa? La organización política está imputada como persona jurídica desde el 29 de julio, cuando el juez optó por esa figura, en lugar de por otras como la del perjudicado o el acusador, ya fuera particular o popular, para autorizar la intervención de un abogado de los morados en la declaración del denunciante. No deja de ser una medida garantista (y reversible), pese al revuelo mediático que ha generado la decisión.
¿Con lo que sabemos del caso puede ser Podemos la víctima? Efectivamente si, ya que el tipo penal de la administración desleal por el que se ha inclinado el magistrado castiga la conducta de quienes «teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno (…) las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».
¿Qué dice Podemos sobre el caso? Podemos pide la nulidad de la causa alegando que Calvente QUEBRANTÓ LOS DEBERES DE CONFIDENCIALIDAD Y DE SIGILO QUE LE IMPONÍA SU TRABAJO DE ABOGADO AL ENTREGAR CON SU DENUNCIA DOCUMENTOS INTERNOS DEL PARTIDO.
¿Quién es José Manuel Calvente? Es un abogado que trabajó en Podemos durante 5 años y fue responsable de protección de datos y de seguridad. En diciembre de 2019 fue despedido por acoso laboral y sexual a otra letrada de la formación política.
¿Quién es el juez? Juan José Escalonilla Morales. Es el magistrado conocido por archivar los insultos y amenazas proferidos por varios policías municipales a la entonces alcaldesa Manuela Carmena. También ha permitido la personación del partido de ultraderecha, Vox, como acusación en las diligencias a Podemos sin exigirle una fianza.
¿Y qué pasa con la fiscalía? Por ahora se desconoce su posición.
