En este contexto, consideran como una prioridad limitar las competencias del órgano judicial cuando sus funciones hayan caducado. “La existencia de una normativa apropiada para estos casos supone una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano” resaltaron PSOE y Podemos.