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31 de julio de 2025¿Es Vox un peligro para la democracia? El trasfondo legal y político del debate sobre su posible ilegalización
Un partido que divide
No hay tertulia política, ni cena familiar con sobremesa larga, donde el nombre de Vox no genere un pequeño terremoto. A favor o en contra, el partido de Santiago Abascal ha logrado instalarse en el centro del ruido mediático y del debate ideológico. Para algunos, representa una necesaria sacudida al “buenismo progre”; para otros, un serio retroceso democrático. En este contexto, se ha reavivado una pregunta que hasta hace poco sonaba impensable: ¿debería ilegalizarse Vox?
La cuestión, claro, no es menor. No se trata solo de una batalla de ideas, sino de poner en juego uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la pluralidad política. Pero también es cierto que los límites existen. Y que la democracia, por mucho que se defienda sola en teoría, necesita de mecanismos para protegerse de quienes, desde dentro, podrían debilitarla.
¿Qué dice la ley?
La Ley de Partidos, esa que en su momento sirvió para ilegalizar a Batasuna por su connivencia con el entorno de ETA, fija unos criterios bastante claros. No vale con que un partido diga cosas que resulten ofensivas o reaccionarias. Para dar el paso de ilegalizarlo, hace falta algo más gordo: apología de la violencia, incitación al odio de forma sistemática, o ataque frontal y reiterado al orden constitucional.
¿Y Vox? Pues ahí está la trampa. Porque, aunque su discurso puede resultar inflamable, se cuidan mucho de no pisar ciertas líneas. Aseguran defender la Constitución (aunque sea a su manera) y no promueven violencia directa. Al menos, no con pruebas que se sostengan en sede judicial.
¿Motivos para ilegalizar? Algunos creen que sí
No son pocos los que ven en sus declaraciones contra los inmigrantes o el colectivo LGTBI un caldo de cultivo peligroso. Se cita a menudo el caso de Torre-Pacheco, donde supuestamente se utilizó dinero público para financiar un acto con tintes claramente discriminatorios. También hay voces que alertan del impacto que su discurso puede tener en la normalización del odio. “Primero son palabras, luego vienen los hechos”, dicen algunos con preocupación.
Pero todo eso, a día de hoy, se mueve más en el plano ético que en el jurídico. Y ese es precisamente el escollo: lo que indigna, no siempre es ilegal.
¿Ilegalizar o combatir con argumentos?
Hay quien teme que, si se pone sobre la mesa la ilegalización de Vox, el efecto sea el contrario al deseado. Se comenta entre pasillos políticos que eso les haría crecer en las encuestas, como mártires de una élite que quiere silenciar al “pueblo”. Y en parte, no parece una hipótesis tan descabellada.
Además, el uso de la Ley de Partidos no puede tomarse a la ligera. Es una herramienta excepcional. Usarla sin una base sólida podría abrir un melón que después no habría manera de cerrar.
¿Y ahora qué?
En el fondo, lo que se está discutiendo no es solo si Vox es legal o no. Es si es legítimo. Si su presencia en las instituciones refleja un fallo del sistema… o su fortaleza. El debate está servido, y no parece que se vaya a enfriar pronto.
¿Tú qué piensas? ¿Estamos ante un partido que pone en riesgo la democracia o ante una expresión incómoda pero válida de pluralismo político? La conversación está abierta. Y como suele pasar en estos temas, nadie tiene la última palabra. ¿O sí?
